Problemas legales con las renovables extremeñas


Los decretos extremeños para el desarrollo de las energías renovables no cumplen la Ley

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que no se puede evadir las obligaciones impuestas por la Directiva 2001/42/CE mediante el uso de varios decretos en vez de presentar un plan o programa. Es necesario hacer un plan (eólico, solar, biomasa etc.), someterlo a un estudio estratégico de impacto ambiental, y después a consultación pública.


Al tener dudas frente a un caso llevado a los tribunales belgas por un ciudadano de Wallonia, el Señor Patrice d’Outremont, el Consejo de Estado de Bélgica ha pedido al Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) que interprete la Directiva 2001/42/CE. La semana pasada el TJUE publicó su sentencia, cuyo dictamen fue lo siguiente:


“El artículo 2, letra a), y el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, deben interpretarse en el sentido de que una orden reglamentaria, como la que constituye el objeto del litigio principal, que contiene diversas disposiciones relativas a la instalación de aerogeneradores, que deben ser observadas en el marco de la expedición de autorizaciones administrativas relativas al establecimiento y a la explotación de tales instalaciones, encaja en el concepto de «planes y programas», en el sentido de esa Directiva.”

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 27 de octubre de 2016


Esto significa, por ejemplo, que los decretos que regulan los parques eólicos en Extremadura encajan en el concepto de «planes y programas», en el sentido de la Directiva 2001/42/CE.
Por consecuencia, tienen que ser sometidos a una evaluación de impacto medioambiental.


Significa también que esos decretos deben de ser sometidos a consultación del público y de las organizaciones interesadas (por ejemplo las que defienden el medio ambiente).


Son dos cosas que no hizo la Junta de Extremadura, por lo cual sus decretos no conforman con la Ley.


En el dictamen del TJUE, conviene también notar el párrafo nº 48:

48 Por otra parte, tal como señaló la Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, conviene atajar posibles estrategias para eludir las obligaciones establecidas por la Directiva 2001/42 que podrían concretarse en una fragmentación de las medidas, reduciendo de este modo el efecto útil de esta Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de marzo de 2012, Inter-Environnement Bruxelles y otros, C‑567/10, EU:C:2012:159, apartado 30 y jurisprudencia citada).


En efecto, ha sido una táctica usual por parte de los gobiernos autónomos y nacional, la de eludir las obligaciones establecidas por la Directiva 2001/42 mediante la ausencia de un plan o programa, y de analizar los impactos de cada proyecto sin considerar los efectos cumulativos del conjunto de proyectos. Pero esto se acabó. Los gobiernos de España, Extremadura y las demás CCAA, tendrán que acatar la Directiva. Por eso, habrá que establecer (por ejemplo) un verdadero plan eólico, con estudio de impacto ambiental abarcando todas las instalaciones previstas, y someterlo a consultación pública.



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